El informe anual del Departamento de Estado sitúa a Nicaragua, Venezuela y Cuba en la lista de los países que no combaten el tráfico ilegal de personas
La rapidez con la que la tecnología avanza e invade cada faceta de nuestras vidas y las consecuencias que ello conlleva ha sido materia polémica desde hace años. El Informe Anual de Trata de Personas (TIP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, pone de relieve cómo la tecnología digital ha tenido un profundo impacto en los métodos y tendencias de la trata en los últimos años, aumentando el número de víctimas que la sufren.
Se estima que en todo el mundo, 27 millones de personas son explotadas para el trabajo, los servicios y el comercio sexual. Mediante la fuerza, el fraude y la coacción, se les obliga a trabajar en campos, fábricas, restaurantes y residencias. Los traficantes se aprovechan de algunas de las personas más marginadas y vulnerables del mundo para obtener beneficios y las posibilidades que Internet y las redes sociales aportan son infinitas.
«En todo el mundo las redes de trata apuntan y reclutan víctimas en las redes sociales en línea a través de aplicaciones de citas y plataformas de juegos. Los perpetradores realizan transacciones financieras en criptomonedas opacas. Utilizan datos cifrados para dificultar la detección de sus actividades o determinar los países en los que operan. Y cada vez más, los traficantes obligan a sus víctimas a participar en estafas en línea», señaló el secretario de Estado, Antony Blinken, durante la presentación del informe.
Antony Blinken durante la conferencia de prensa, este 24 de junio. Amanda Andrade-Rhoades (Reuters)
El estudio recaba información de 188 países y analiza los esfuerzos realizados en la lucha contra la trata de personas, el número de casos detectados y los que han sido objeto de condenas. Según los datos recogidos el año pasado más de 133.000 personas fueron víctimas reconocidas y se abrieron diligencias en casi 19.000 casos de trata. Cifras que muestran un fuerte aumento desde 2021, cuando se reconocieron 90.000 personas afectadas y se llevaron a juicio en torno a 10.000 casos.
La tecnología se usa, por ejemplo, para vender niños y explotarlos sexualmente y para anunciar trabajos falsos que en realidad son esquemas de trata de personas. Los enfoques de cada país para prevenirlo son diferentes, lo que dificulta la lucha contra estos delitos, ya que los traficantes operan en redes transnacionales con diferentes jurisdicciones.
La tecnología se usa, por ejemplo, para vender niños y explotarlos sexualmente y para anunciar trabajos falsos que en realidad son esquemas de trata de personas.
Sin embargo, aunque la tecnología ayuda a los traficantes a reclutar víctimas, también puede usarse por los investigadores para perseguir a los responsables de las redes.
«Cuando se aprovecha de manera efectiva, la tecnología digital puede fortalecer nuestra respuesta contra la trata, brindando oportunidades para que las partes interesadas fortalezcan los esfuerzos de prevención, protejan a las víctimas y se asocien con los supervivientes y otras partes interesadas para combatir el delito», afirmó Cindy Dyer, responsable del informe, durante su presentación.
Trabajos forzados y trata sexual de niños
La trata de personas se define como un delito mediante el cual los traficantes explotan y obtienen ganancias a expensas de adultos o niños obligándolos a realizar trabajos o participar en el comercio sexual. Cuando una persona menor de 18 años es utilizada para realizar un acto sexual comercial, se considera delito independientemente de si hay fuerza, fraude o coerción involucrada. Estados Unidos reconoce dos formas principales de trata de personas: trabajos forzados y trata sexual.
No obstante, la trata de personas con el fin de extraer órganos es una de las formas menos denunciadas, pero los expertos creen que puede estar aumentando. Como el tráfico sexual y el tráfico laboral, al fin y al cabo es un delito que explota a seres humanos para obtener beneficios económicos.
«Las redes sociales pueden reforzar los estereotipos sobre quién puede ser víctima de la trata, incluidos los de género, raza, etnia y clase, como la noción falsa, pero ampliamente difundida de que solo afecta a mujeres y niñas», puntualizó Blinken.
El secretario de Estado puso de ejemplo a Al Amin Noyon, director del Centro de Bienestar Migratorio BRAC, situado en el aeropuerto de Dhaka, en Bangladesh. Después de graduarse de la universidad, un hombre le sacó de su aldea en Bangladesh bajo la promesa de conseguir un trabajo mejor remunerado en el extranjero. Los padres de Noyon vendieron gran parte de sus tierras para cubrir el coste del viaje. Los traficantes le llevaron a un país vecino, donde le obligaron a trabajar para limpiar la selva sin cobrar. Trabajó en condiciones brutales, hasta que él y otros compañeros se fugaron y llegaron a la embajada de Bangladesh, que les facilitó la vuelta a sus casas. Noyon se dedicó desde entonces a ayudar a otras víctimas y ha apoyado a más de 34.000 migrantes y sobrevivientes de la trata en los últimos 15 años.
Al Amin Noyon, de Bangladesh, con Antony Blinken. Amanda Andrade-Rhoades (Reuters)
Heroínas hispanas
Noyon es uno de los 10 ganadores del Programa de Héroes, que cumple 20 años. El Departamento de Estado homenajea a personas de todo el mundo que han dedicado sus vidas a la lucha contra la trata de personas. Este año, hay tres hispanas entre los galardonados. Marcela Martínez, abogada boliviana, creó el área de Responsabilidad Social de su bufete para brindar capacitación, charlas, talleres y seminarios web de prevención a escuelas, universidades, asociaciones de vecinos y otras organizaciones de la sociedad civil.
La cubana María Werlau es cofundadora y directora ejecutiva de Free Society Project https://cubaarchive.org/free-society-project/, también conocido como Cuba Archive, un grupo de expertos sin fines de lucro que defiende los derechos humanos a través de la información. Comenzó en 2009 a investigar, documentar y denunciar la explotación y los trabajos forzados en el programa de exportación de mano de obra de Cuba, y a defender a sus víctimas y supervivientes.
María Werlau con el secretario de Estado de EE UU, el 24 de junio en Washington. Amanda Andrade-Rhoades (Reuters)
Otra de las galardonadas fue la española Rosa Cendón, trabajadora social y educadora que durante 20 años ha liderado la promoción y las relaciones institucionales para SICAR cat , la ONG contra la trata de personas más grande de Cataluña.
No todos los países lo combaten
El informe clasifica a los países en cuatro categorías, basada no en la magnitud del problema sino en el alcance de los esfuerzos del Gobierno para cumplir con los estándares mínimos de la Ley de Protección a Víctimas del Tráfico (TVPA, por sus siglas en inglés) para la eliminación de la trata de personas.
Estar en el primer nivel no significa que el país no tiene un problema de tráfico de personas o que está haciendo lo suficiente para abordar el delito. Más bien indica que su Gobierno ha realizado esfuerzos para abordar el problema que cumplen con los estándares mínimos de la TVPA.
Entre otras medidas, para formar parte del grupo mejor clasificado, los países deben promulgar leyes que prohíban el tráfico de personas y aplicar las penas acordes con el delito. También deben financiar y ayudar a las asociaciones no gubernamentales que apoyan a las víctimas dándoles acceso a la atención médica, asesoramiento y albergue. Otro de los requisitos es garantizar la repatriación y reintegración segura, humana y, en la medida de lo posible, voluntaria de las víctimas.
Además, deben tomar medidas para frenar las prácticas identificadas como factores que contribuyen a la trata de personas, como la confiscación de los pasaportes de los trabajadores extranjeros por parte de los empleadores, así como intentar reducir la demanda de la explotación sexual.
Los países europeos son los más numerosos de la lista del primer nivel, junto con Estados Unidos. Argentina, Chile y Colombia son los representantes latinoamericanos que forman parte de ella.
El segundo nivel incluye a los países cuyos Gobiernos no cumplen plenamente los estándares mínimos de la Ley de Protección a Víctimas del Tráfico TVPA, pero están haciendo esfuerzos significativos para ello.
Es el grupo más numeroso, con amplia participación de los países latinoamericanos, como Brasil, Perú, Costa Rica, Bolivia, Panamá, Paraguay, México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Policías registran un hotel donde jóvenes eran prostituidas, en Lima (Perú), en 2019. Manuel Medir (Getty Images)
La lista contempla un nivel intermedio de vigilancia, entre el segundo y tercer nivel, en el que están los países cuyo número estimado de víctimas de formas graves de tráfico es muy alto o está aumentando significativamente y el país no está tomando acciones para reducirlo. República Dominicana y Uruguay forman parte de este grupo.
En último nivel, el tercero de la lista incluye a los países que no están haciendo ningún esfuerzo para combatir la trata de personas, y entre los citados se encuentran tres de América Latina: Nicaragua, Venezuela y Cuba. Este último, además, se cita entre los siguientes 13 países con una «política o patrón» documentado de trata de personas, en programas financiados por el gobierno, trabajo forzoso en servicios médicos afiliados al gobierno u otros sectores, esclavitud sexual en campos gubernamentales y empleo o reclutamiento de niños soldados. Además de Cuba, en la lista aparecen Afghanistán, Belarus, Burma, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Rusia, Sudán, Siria y Turkmenistán.
Policías afuera de un avión detenido por las autoridades francesas que llevaba migrantes de la India hacia Nicaragua, en diciembre de 2023. Christophe Ena (AP)
Imagen de nota: Un hombre detenido por la Interpol bajo sospecha de tráfico de personas, durante una redada en Georgetown (Guyana), en 2018.
Por Patricia Caro para elpais.com
