Un debate legislativo en Corea del Sur ha encendido la preocupación de líderes cristianos y defensores de derechos civiles, por una propuesta que podría permitir al Estado iniciar procesos para disolver organizaciones religiosas, incluidas iglesias.

El tema ha tomado fuerza en medio de investigaciones sobre grupos religiosos y sus vínculos políticos, pero críticos advierten que la medida abriría la puerta a abusos y control estatal sobre la fe.

El sitio web Bitter Winter destaca que Corea del Sur alberga una de las comunidades cristianas más grandes de Asia y menciona que alrededor del 33% de la población se identifica como seguidora de Jesús, según el Pew Research Center. En ese contexto, cualquier cambio legal que afecte a instituciones religiosas genera inquietud por su alcance social y espiritual.

Según lo descrito, parlamentarios surcoreanos discuten reformas que permitirían revocar licencias o incluso disolver entidades religiosas bajo ciertas condiciones. La justificación oficial citada indica que la ley actual permite revocar la licencia de una organización sin fines de lucro cuando «realiza actividades fuera de su finalidad declarada, viola las condiciones de su licencia de funcionamiento o se involucra en actos perjudiciales al interés público».

Sin embargo, Bitter Winter plantea el desvío del enfoque y sostiene que podría tratarse de «una declaración de buenas intenciones que esconde un plan para una intromisión gubernamental sin precedentes en la vida religiosa». En un lenguaje más directo, advirtieron que la enmienda se convertiría en «una herramienta para disolver iglesias arbitrariamente, realizar búsquedas sin orden judicial y confiscar sus bienes».

Otro punto sensible es la relación con la propia Constitución surcoreana, que garantiza libertad religiosa y separación entre religión y Estado. Por esa razón, el artículo señala que juristas consideran probable que una ley de este tipo enfrente cuestionamientos judiciales si se aprueba o se aplica de forma amplia.

En una reunión de gabinete «en diciembre pasado», el presidente Lee Jae Myung (descrito como de línea centroizquierda) dijo que organizaciones religiosas deben ser disueltas si «se involucran en actos que violan la Constitución y las leyes». También afirmó que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo estaría habilitado para iniciar esos procedimientos, aunque los tribunales harían el juicio final.

El debate se conecta con un contexto regional más amplio: el artículo menciona el caso de Japón, citado por el presidente Lee, donde la disolución se decide mediante litigio. Lee comparó ese modelo con el surcoreano al decir: «Japón parece pedir al tribunal la disolución, pero, en nuestro caso, la autoridad competente decide».

Como ejemplo, Bitter Winter recordó que el 25 de marzo de 2025 un tribunal de Tokio ordenó la disolución de la Family Federation for World Peace and Unification (Iglesia de la Unificación) tras una solicitud del gobierno japonés, retirándole su estatus legal religioso y beneficios fiscales. Según el texto, la AP reportó que el proceso se intensificó por investigaciones y críticas a prácticas de recaudación consideradas abusivas y por el caso del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, que atrajo atención a vínculos entre políticos y el grupo.

También hicieron eco de que cambios como los propuestos ampliarían la capacidad del Estado de exigir registros financieros y operativos con poco aviso. En su análisis, esto podría crear «una carga constante de cumplimiento» y hacer que cualquier iglesia que no responda con rapidez sea considerada «no cooperativa o sospechosa».

Los términos usados para justificar revocaciones —como «violó la separación entre religión y Estado» o «perjudicó el interés público»— serían tan amplios que podrían aplicarse a expresiones públicas comunes. Bitter Winter ejemplifica que «un pastor que critica una política gubernamental… o un obispo católico que se manifiesta sobre derechos humanos» podría ser acusado de involucramiento político, y alerta: «Las acciones de una sola persona podrían llevar al Estado a disolver un grupo religioso entero».

La libertad de culto se protege con leyes justas, pero también con una iglesia que vive su fe con integridad y sabiduría. Cuando el Estado gana poder para controlar lo espiritual, el pueblo de Dios es llamado a velar y a permanecer firme sin perder la paz. «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hechos 5:29).

Foto Referencia Parlamento de Corea del Sur. JUNG YEON-JE