Se han derogado de forma unilateral los «convenios de facilitación migratoria» con la Confraternidad Evangélica de Honduras.

Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, anunció que como Iglesia Evangélica preparan acciones legales en contra del gobierno de Honduras por derogar acuerdos migratorios.

El gobierno derogó los acuerdos migratorios que tenía con las principales iglesias cristianas de Honduras, que facilitaba entre otras cosas la llegada de misioneros, pastores y sacerdotes al país, y con una importante agencia adventista de ayuda social.

La administración de Xiomara Zelaya, por medio de la Secretaría de Gobernación y Justicia aprobó el Acuerdo 158-2024 el 21 de febrero del 2024 y lo publicó el 30 de mayo del presente año, mediante el cual estableció derogar los «convenios de facilitación migratoria» celebrados con la Iglesia Católica, la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, conocidos popularmente como Los Mormones, y la Misión Adventista.

Ante esta acción, los pastores evangélicos de la capital de Honduras conformaron un equipo de abogados que ya trabaja en acciones legales, confirmó el presidente de la Asociación de Pastores.

«En este momento es cuanto más unida está la iglesia y vamos a hacerle frente a cualquier problemática que se quiera levantar en contra del pueblo hondureño», agregó el pastor Banegas. A renglón seguido dijo que la presidenta Xiomara Castro, tiene malos consejeros y esta acción es una advertencia para la Iglesia Cristiana.

Insistió que primero serán las acciones legales y que la iglesia confía en el trabajo de los abogados.

El pastor Roy Santos ha denunciado este «ataque a la iglesia evangélica», aclarando que en ningún caso hay cuestión económica de por medio.

La diputada Suyapa Figuero alerta de que «Después de las iglesias, este gobierno irá contra la prensa».

Ante las reacciones mostradas el ministro de gobernación, Tomás Vaquero, pidió a las iglesias y a los fieles que no se alarmen, prometiendo que habrá un nuevo convenio con las instituciones religiosas y no habrá exclusiones. Una promesa que de momento son solo palabras, que los hechos vienen a cuestionar.